LA SENTENCIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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EQUIPARACIÓN DE INDEMNIZACIÓN ENTRE CONTRATOS INDEFINIDOS Y TEMPORALES

Recientemente la mayoría de los medios se han hecho eco de una Sentencia del Tribunal de Justicia de Estrasburgo de presumible gran alcance, y que ha creado una lógica y notable polémica, viniendo así a revolucionar las ya de por sí revueltas aguas de nuestro Derecho Social. Esta Sentencia, de 14 de septiembre pasado, resumidamente viene a establecer que los trabajadores contratados mediante un contrato de duración determinada tienen, al vencimiento del mismo, derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, calculados a efectos de despido. Hasta la presente, dicha indemnización era de 12 días, con excepción del contrato de interinidad, que como es conocido, no contaba con el reconocimiento de ninguna indemnización.

Esta Sentencia ha sido dictada dentro de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instada ante una eventual contradicción entre nuestra normativa nacional y la europea, ante lo que el tribunal nacional no debe aplicar la norma interna, en aplicación del principio de primacía del derecho de la Unión.

A partir de esta Sentencia observamos dos cuestiones claras para el análisis:

  1. Se habla en la misma de contratos de “duración determinada”, esto es, no se mencionan los contratos formativos. Por tanto, ¿están fuera de esta equiparación? Da la impresión de que sí, que entiende los mismos dentro de una regulación diferente y con una también diferente naturaleza jurídica.
  1. ¿La Sentencia es de aplicación inmediata? Es de entender también que sí, que los tribunales españoles deben hacerla valer, sin que para ello se tenga que pedir o esperar la eliminación por vía legislativa de la norma contradictoria, todo ello, una vez más, de acuerdo con el principio de primacía del Derecho Comunitario.

No obstante, tras la primera “oleada” de opiniones encontradas, voces tan doctas y autorizadas como por ejemplo la de Concepción Morales Vállez, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; interpreta que esta Sentencia, lejos de deber ser aplicada con carácter genérico a todos los contratos de duración determinada, solo tiene aplicabilidad para el contrato de interinidad por vacante, y más concretamente, en el ámbito de la Administración Pública, ya que estima que: “…En definitiva, nos encontramos ante un contrato temporal de duración indeterminada en el que no consta el momento del término, pero sí que el mismo llegará cuando la vacante ocupada se cubra tras finalizar el proceso de selección específicamente convocado para su cobertura reglamentaria…”

En virtud de ello, el empleador debe acudir en este supuesto al procedimiento de extinción colectiva o individual previsto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, en el cual, como es ampliamente conocido, se establece una indemnización de 20 días por año de servicio a favor de los trabajadores cuyo contrato queda resuelto.

Mientras tanto, en esta situación de incertidumbre, se anuncia la creación de una comisión tripartita (Administración, Organizaciones Sindicales y Empresariales) para el estudio de la Sentencia y la problemática de su aplicación. Hay que recordar, no obstante, que nuestros juzgadores tienen la posibilidad de reunirse en una especie de comisión, creada ya en su día por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se reúne entre otros aspectos para unificar criterios y prácticas, y que recibe la conocida denominación de “Junta de Jueces” … Es decir, que paradójicamente nos podemos encontrar que, en tanto la tripartita estudia el problema, los jueces empiezan a juzgar en base a la doctrina que ellos estimen, que emana de lo directamente dictado en Estrasburgo.

 

Transcripción del Fallo del Tribunal:

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de condiciones de trabajo incluye la indemnización que un empresario está obligado a abonar a un trabajador por razón de la finalización de su contrato de trabajo de duración determinada.

2) La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier indemnización por finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos comparables. El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización.”

 

 



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